(Hacia la democratización y descentralización cultural)
Preámbulo histórico
A nivel internacional, se han ido produciendo avances significativos, aunque bastante graduales y desiguales, sobre la relación de la cultura con la democracia, la economía y el desarrollo. Un punto de referencia fundacional lo constituye la Conferencia Intergubernamental sobre los “Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales”, organizada por la Unesco en Venecia en 1970, en la cual se asumió la noción de “Desarrollo Cultural”, junto a la “Dimensión Cultural del Desarrollo”, lo que sitúa este debate reflexivo en poco más de 50 años.
En 1982, durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) en México, se asumió de manera explícita y directa que “sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlos”. Esto condujo a que la Unesco iniciara el proceso del “Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997)”, reafirmando los objetivos de: “trabajar en la agenda de cultura y desarrollo, afirmar y enriquecer las identidades culturales, aumentar la participación en la vida cultural y fomentar la cooperación cultural internacional”. Concluyó con el trascendente “Informe Mundial de Cultura y Desarrollo: Nuestra Diversidad Cultural” de 1997, lo que dio base a profundizar el tema de la sustentabilidad en los modelos de desarrollo.
Estos acuerdos tuvieron una incidencia directa en la política cultural del Estado dominicano, conllevando a la conformación del Consejo Presidencial de Cultura en 1997, como instancia transitoria para la estructuración de la Secretaría de Estado de Cultura en el año 2000. El mismo decreto 82-97, que pautó su creación, establecía que para lograr “el desarrollo sostenible y la democracia participativa resulta imprescindible formular y ejecutar una política cultural coherente con los valores de nuestra identidad y las demandas de la modernidad”.
A manera de complemento, debemos resaltar la importancia de otros lineamientos y acuerdos internacionales que impactaron igualmente en las políticas locales, entre ellos: 1) la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, de noviembre de 2001; 2) la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de octubre del 2005; 3) la Carta Cultural Iberoamericana, de 2007; 4) la Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales, de 2007; los debates, estudios y conferencias sobre las industrias culturales y creativas, y todo lo relativo a las tecnologías y la innovación, por parte de la Unesco, el PNUD, el BID y el Banco Mundial en los últimos doce años, lo cual desembocó finalmente en la Declaración de 2021 como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El proceso en República Dominicana
Históricamente, las políticas públicas relacionadas a la cultura, con honrosas excepciones, han estado marcadas por rasgos muy cuestionables, que poseen su base de sustentación en herencias y modelos ideológicos neocolonialistas y antidemocráticos, donde se percibe el predominio de un sello clasista y elitista, el cual relega a un tercer plano todo lo concerniente a las culturas populares, no asumiendo la valorización ni articulación de las ricas y múltiples manifestaciones de la diversidad cultural, y teniendo como punto central de convergencia la negación de la afrodescendencia de nuestra gran mayoría poblacional. Además, bloqueando e invisibilizando el reconocimiento de los aportes de más de 40 grupos étnicos africanos a la conformación histórico-cultural de la dominicanidad, realidad que contribuye con la permanencia de modalidades sui generis de racismo, prejuicios y actitudes discriminatorias en la sociedad dominicana, incluyendo la satanización y menosprecio absoluto de la extensa religiosidad popular.
Esta visión reproduce el modelo del centralismo y la verticalidad en la planificación y toma de decisiones a nivel gerencial y administrativo. No se planifica ni se ejecuta a partir de la pluralidad cultural. Prevalece en ella un desfase ante los acelerados cambios de política cultural en el contexto de la globalización. Se trabajan más las coyunturas que los procesos. A pesar de haberse asumido la “Transversalidad de la Cultura en la Estrategia Nacional de Desarrollo” desde 2012, esto no se ha llevado a la práctica. Tampoco se ha implementado un plan sobre el vínculo “Cultura y Mercado” y el impulso de las Industrias Culturales y Creativas o Economía Naranja, con todo y contar con un viceministerio específico para esos fines. Y ni hablar de una reflexión profunda y una propuesta concreta sobre los temas actuales de globalización, tecnología, postmodernidad y cultura urbana. De hecho, con toda propiedad, podemos afirmar que el 2016-2021 se ha convertido en el peor período de gestión cultural gubernamental, desde la creación misma del ministerio.
Vale precisar que la continuidad y vigencia de este modelo elitista ha tenido como complemento las fuertes debilidades del movimiento cultural predominante en la República Dominicana. Entre sus principales características encontramos: una marcada desarticulación y fuerte atomización; predominio de los modelos convencionales de animación sociocultural iniciados en las décadas de los ‘70 y los ‘80; niveles muy débiles de formación; bajo nivel presupuestario; poco conocimiento de los conceptos, leyes y procesos profundos que rigen las políticas culturales contemporáneas; poca sistematicidad en los diseños e implementación de los planes de trabajo; limitada visión estratégica, dando lugar a enfoques predominantemente localistas y coyunturalistas. Se suma a todo esto un alto componente de clientelismo y partidismo convencionales, reproduciendo la tendencia de modelos asistencialistas. Además, existe una relación muy instrumentalista y utilitaria con el sector privado, dificultándose la concreción de proyectos convergentes y complementarios a nivel productivo, a partir de la lógica factible imperante en la economía creativa de la cultura. Todos estos factores coadyuvan a una alta incapacidad de negociación política como sector.
Sin embargo, es justo y necesario resaltar que, más allá de estas debilidades, el movimiento cultural dominicano cuenta con importantes fortalezas, que habrán de ser potencializadas en los actuales procesos de cambio. Cabe destacar: su meritoria capacidad de resistencia y persistencia en la creación de espacios contestatarios, manteniendo vivas y con cierto nivel de incidencia las necesarias utopías de libertad y democracia, reales y participativas. A ello se suma su alto grado de solidaridad, a nivel local, regional y nacional, aún no sea parte de un componente programático. Así, su férrea defensa de las identidades y manifestaciones de las culturas locales, en especial, de los “portadores de tradiciones”, que constituyen la esencia de nuestro patrimonio oral e intangible, y su presión a los desenfoques y políticas excluyentes de las autoridades locales y nacionales, tanto desde los gobiernos municipales como de las instancias gubernamentales pertenecientes a la gestión y administración de la cultura.
Retos
En este momento, el país requiere de un plan estratégico nacional, debatido y consensuado entre todos los actores implicados, orientado hacia la democratización y descentralización de la cultura desde el Estado. Entre los cambios que urgen, se encuentran:
1) Cumplir a cabalidad con los acuerdos, declaraciones y convenciones internacionales, de los cuales es país es signatario.
2) Modificar la Ley Orgánica de Cultura No. 41-00, adecuándola a las variantes socioculturales, económicas, políticas y tecnológicas acaecidas en los últimos 20 años.
3) Realizar una campaña nacional y empoderamiento de la ciudanía de todo lo planteado en el artículo 64 de nuestra Constitución sobre los Derechos Culturales, según lo consensuado en 2010, aplicándolos de forma eficiente y real en las políticas públicas para la creación de ciudadanía.
4) Cumplir con los acuerdos establecidos en la Ley 1-12 de la END/2030, según su objetivo general 2.6 sobre Cultura e Identidad Nacional en un Mundo Global, asegurando la integración y participación de los artistas y representantes de las instituciones culturales de la sociedad civil; partiendo de que ha existido un incumplimiento total en el campo de la cultura durante los 9 años de existencia de la referida ley.
5) Elaborar e implementar un adecuado plan estratégico para el desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas o Economía Naranja a corto, mediano y largo plazos, teniendo como actores centrales el sector cultural y los sectores público y privado.
6) Poner en marcha el funcionamiento pleno de la Ley de Mecenazgo Cultural, aprobada en julio de 2019, la cual establece un régimen de incentivo y fomento del arte y la cultura en general en el país. A nuestro entender, dicha ley requerirá una revisión y modificación, debido a la exclusión en último momento de puntos que habían sido acordados, incluyendo, la reducción de un 5% a un 2.5% deducible de los pagos de impuestos de las empresas; la exclusión de la Rectoría de la UASD y el sector municipalista, así de los dos representantes del sector artístico-cultural en la estructura del Consejo Nacional de Mecenazgo. En esencia, se produjo una cierta privatización y centralización gubernamental de la Ley. Esto se evidencia en su Reglamento de aplicación, emitido por el Poder Ejecutivo mediante decreto 558-21, el pasado 10 de septiembre.
7) Alinear las estrategias de política cultural entre las distintas instancias implicadas, en especial, los ministerios de Cultura, Educación, Juventud, Industria, Comercio y Mipymes, Economía, Planificación y Desarrollo, Turismo y el Gabinete de Innovación.
8) Dar continuidad a la creación de la Cuenta Satélite de la Cultura con el Banco Central, a través de los estudios e informes que sustenten los indicadores económicos del sector y su impacto en el PIB de la nación.
9) Incrementar el presupuesto asignado al sector cultural a un 1.5% del PIB, al mismo tiempo que nos encaminemos hacia su estructuración participativa.
10) Debatir de manera plural el concepto y modelo de marca país que queremos, identificando el rol activo y los beneficios del sector artístico y cultural, más allá de la alianza público-privada, en función de criterios de equidad social y redistribución de las riquezas, desde la territorialidad.
11) Transparentar y democratizar los proyectos de diseño, gestión y ejecución presupuestaria que se encuentran actualmente en proceso de desarrollo en la ciudad colonial, con la exclusión total del sector artístico-cultural.
12) Crear una estrategia y un plan nacional de capacitación para el fortalecimiento del sector artístico-cultural, orientado hacia su profesionalización y cualificación técnica en las áreas de la gestión, la gerencia y administración, así como la diversificación del financiamiento, lo cual posibilite su actualización, empoderamiento y acceso pleno a las nuevas políticas y dinámicas de los servicios y mercados de la cultura, según lo exigido hoy día por los cambios tecnológicos, la innovación y la Economía Naranja.
Todo ello requiere un marcado cambio de paradigma. La visión decolonial como filosofía nos convoca a trascender el eurocentrismo y el occidentalismo como rutas únicas y absolutas de la existencialidad Caribe y a romper los modelos convencionales de liderazgo. Es el llamado y la construcción colectiva de un diálogo más horizontal, que atraviese todas las estructuras sociales. Es la cultura como factor central para el desarrollo sustentable, la cohesión e inclusión social, la creación de ciudadanía, la expansión de empleos y la productividad misma de la novedosa economía creativa.
El escenario planteado por el cambio y la transformación cultural exige una nueva praxis de los actores principales del sector artístico-cultural. Los espacios no serán cedidos; habrá que tejerlos y ganarlos. El desafío que proponemos es un movimiento triple, simultáneo y difuso, cuasi tridimensional, que ha de articular: el diálogo constructivo, el lobby político y la presión pública.
Nota: Todos los documentos referidos en este artículo pueden ser ubicados, a través de sus títulos, en las páginas oficiales de la Unesco, la OEI y el Ministerio de Cultura RD.
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Roldán Mármol. Cantautor, Sociólogo y Productor Cultural.